+ NOTICIAS junio 2011 +
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Una subsecretaría de Derechos Humanos

Más que una subsecretaria, el mundo de derechos humanos ha promovido la creación del INDH y del Defensor del Pueblo. El primero centrado en la promoción y el segundo  fundamentalmente dedicado a la defensa judicial de las personas que ven afectados sus derechos. Y entonces, ¿a qué viene la creación de una subsecretaria y cómo afecta a lo que ya existe institucionalmente en esta materia?

Por: Lorena Fries
Directora, del Instituto Nacional de DDHH

Es legítima la preocupación de las organizaciones de derechos humanos frente al anuncio del Presidente Piñera de crear una subsecretaria de derechos humanos dependiente del ministerio de Justicia. Más que por una subsecretaria, el mundo de derechos humanos ha promovido la creación del INDH y del Defensor del Pueblo. El primero centrado en la promoción y el segundo  fundamentalmente dedicado a la defensa judicial de las personas que ven afectados sus derechos.

Y entonces, ¿a qué viene la creación de una subsecretaria y cómo afecta a lo que ya existe institucionalmente en esta materia? Convengamos en primer lugar que la finalidad de todo estado democrático es el bienestar o buen vivir de sus habitantes y que para lograrlo los distintos poderes del Estado deben promover, garantizar y respetar el conjunto de derechos reconocidos en la constitución chilena y en los tratados internacionales. Se debe organizar el aparato estatal entonces de manera de cumplir efectivamente con dicha obligación.

En parte, la voluntad política de un Estado se refleja en la red o mapa institucional de derechos humanos que aloja, puesto que es a partir de ahí que se hace más o menos eficiente la tarea de promoción y defensa de derechos. La tarea incluye por cierto honrar los compromisos internacionales adquiridos en este ámbito los que se derivan de la dinámica función que cumple Chile en y ante la comunidad internacional de Estados, y que tienen un potente impacto en la construcción de la imagen internacional de nuestro país.

En el Congreso chileno por lo pronto, existe tanto en la Cámara como en el Senado comisiones de trabajo en este campo y varias se han creado para efectos de investigar situaciones que los vulneran. En el gobierno la fragmentación de la temática de derechos humanos es histórica. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, algunos departamentos al interior de ministerios sectoriales que se fortalecen o debilitan de acuerdo a variables que no son muy claras, dan cuenta de una mirada que atenta contra la integralidad misma de los derechos humanos, la que en su concreción mas organicista debiera llevar a una coordinación entre los poderes del Estado.

En los poderes judiciales y más específicamente en las altas Cortes, la tendencia de los países democráticos es a crear también allí una entidad de derechos humanos que por cierto tiene como función central la promoción interna en este ámbito y la coordinación de requerimientos a un poder del Estado que reporta también ante los órganos competentes internacionalmente.

La Subsecretaria de Derechos Humanos, que a diferencia del INDH, no es un organismo autónomo e independiente sino que forma parte de la estructura gubernamental, se inscribe dentro del esfuerzo que debe hacer Chile por fortalecer al Estado desde una perspectiva de derechos humanos. En lo inmediato, esta subsecretaria resuelve los problemas de coordinación gubernamentales existentes, agilizando la respuesta del poder ejecutivo así como la calidad de la misma, tanto a nivel interno como a nivel internacional. A partir de este ejercicio mínimo se abre además la posibilidad de abrir un diálogo que tenga como norte el diseño y fortalecimiento de políticas públicas en estas materias.

No obstante, para que dicha subsecretaría sea evaluada en su merito deberá dar ciertas certezas. La primera y fundamental es que esta subsecretaría no es para frenar y debilitar a los organismos y programas ya existentes; al revés, debiera constituirse en una suerte de garante de su continuidad y apoyo hacia el interior del gobierno; y debiera además promover una agenda de derechos humanos que complete la institucionalidad del área y que, al menos, contemple el Defensor de las Personas.

Por: Lorena Fries
Directora, del Instituto Nacional de DDHH

Fuente: El Mostrador

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OPINIÓN Mercados que fallan: Y ahora ¿quiÉn podrÁ defenderme?

A propósito del escándalo de La Polar, el autor explica por qué es importante el rol regulador del Estado a partir de una paradoja económica: las empresas piden mayor competencia, pero por su propia naturaleza siempre intentarán que el mercado falle, para así maximizar sus beneficios.

Por: Miguel Vargas

Durante el último tiempo ha sido común encontrarnos con eventos en que la mayoría de la población siente que el modelo económico chileno está fallando. Desde los problemas medioambientales, pasando por el lucro en la educación, para terminar recientemente con el caso de La Polar, una gran parte de la población ha acusado al “mercado” como el causante de muchas penurias de nuestra sociedad. Pero ¿podemos culpar a este artificio de construcción social y económica de todo? ¿O son quizás la falta de mercado y competencia, o la carencia de políticas correctoras las grandes responsables de estos males?

Aunque suene como una contradicción, quien debe garantizar la libre empresa es el Estado y quienes se empeñan en lo contrario son las empresas. Parece sorprendente pero así es.

El mercado no es otra cosa que una instancia en la cual, libremente, individuos que desean comprar un bien o servicio se encuentran con aquellos que lo desean vender. Si se previenen conductas monopólicas, la competencia podría llevar a una asignación eficiente de recursos, es decir los recursos se utilizarán de la mejor forma en que podrían usarse.

¿Qué hay de malo en ello? En principio, nada. Es cierto que el mercado no garantiza justicia en la distribución del ingreso, pero tampoco la impide. En toda sociedad, el Estado podría promover una reasignación de los recursos de una manera más justa y luego dejar al mercado operar para alcanzar un equilibrio eficiente que responda a una distribución del ingreso más equitativa. Al menos eso indica la teoría económica.

Las tribulaciones surgen cuando el mercado falla, y puede fallar por una serie de razones. Primero, cuando hay asimetrías de información, es decir cuando alguien cuenta con más información respecto del bien o servicio que se transará. Por ejemplo, cuando usted compra un departamento y nadie le informa acerca de la resistencia sísmica del edificio en donde éste se encuentra (y es costoso, averiguarlo), o cuando compra un chocolate y nadie le dice el contenido de grasas saturadas que usted o sus hijos ingerirá, o los niveles de sodio presentes en un cereal; o cuando compra en tienda de retail a crédito y desconoce que se habitúa reprogramar sus deudas sin preguntarle. Preguntemos a La Polar.

Segundo, el mercado puede fallar cuando no hay competencia y las empresas pueden obtener beneficios sobre-normales por cobrar un precio de un bien o servicio muy superior a su costo de producción, como cuando un par de cadenas de farmacias se coluden para cobrar precios más altos por los medicamentos que venden.

Por último, hay bienes y males que muchos experimentamos, tales como la contaminación del aire o la provisión de educación y áreas verdes, donde generalmente no se aplica un cargo por las consecuencias negativas o positivas de su existencia. Una empresa o consumidor que deba pagar por lo que ensucia, internalizará el daño que provoca y su decisión de cuánto contaminar cambiará radicalmente. Las áreas verdes son escasas en gran parte de Santiago, especialmente en los sectores pobres, pero es difícil financiarlas directamente para tener esos espacios que la sociedad valora.

Cuando el mercado falla y si se trata de un sector sensible para el bienestar de la población, el rol del Estado es intervenir, para hacer funcionar a dicho mercado de la manera más cercana posible a aquella que maximiza el bienestar social. Lo anterior implica reducir las asimetrías de información, promover la competencia perfecta, garantizar la internalización de las externalidades y la provisión de bienes públicos. La dificultad está en que en la mayoría de las ocasiones el mercado falla, y falla en sectores particularmente importantes como la educación, la salud, la previsión social y casi todos en los que usted pueda pensar. Los mercados a veces fallan debido a razones estructurales, pero el mercado también falla cuando aquellos que participan en él se empeñan en que así lo haga.

No se puede discutir que las empresas tienen un papel fundamental en la sociedad: generan empleo, crecimiento, bienestar y finalmente nos proveen de aquellas cosas que necesitamos. Pero las empresas no son organizaciones filantrópicas, por mucho que haya empresarios que sí lo sean. En toda sociedad, el objetivo de las empresas es maximizar ganancias, y las empresas harán todo lo posible por influir en las condiciones del mercado del tal forma que el resultado sea el que más las favorezca. En el fondo, una empresa sueña con transformarse en un monopolio, gozar de ventajas de información y no internalizar los costos de las externalidades que produce. Hace todo lo posible para que esto suceda: publicidad, fusiones, diferenciación de productos, etc. Por lo tanto, no debemos esperar de ellas más que un comportamiento consistente con el objetivo de maximización de rentas. En consecuencia, el rol regulador del Estado es crucial.

Pero aquí, entonces, se nos presenta una paradoja: quienes en su fuero más íntimo quieren que el mercado falle, al menos en la medida que eso las favorezca, son las empresas, y quien debería preocuparse por el correcto funcionamiento del mercado es el Estado.

Resulta, por lo tanto, simpático escuchar argumentos que señalan que una mayor intervención del Estado atenta contra el “mercado”, cuando lo que se busca es hacer los mercados más transparentes, corregir los efectos negativos de las decisiones privadas y lograr la provisión de bienes que de manera privada sólo serían producidos para una minoría de la población. Y resulta aún más simpático cuando estos argumentos son usados para defender al mercado por aquellos grupos que en el fondo lo que buscan es que falle.

Por supuesto que existen también las denominadas fallas de Estado, conocidas como captura regulatoria, problemas de agencia e inconsistencia dinámica, y regulaciones que son mejores que otras. En nuestro país muchas de ellas no son las más apropiadas, pero eso no deslegitima la función que el Estado debe cumplir sino que demanda de una ciudadanía informada que exija al Estado llevar a cabo su cometido de manera correcta.

Por lo tanto la próxima vez que escuche a alguien hablar en contra del mercado quizá por falta de información esté equivocado y lo que en verdad esté haciendo sea hablar en contra de las fallas de mercado. O cuando escuche a alguien defendiendo al mercado y la competencia, quizá lo que esté haciendo, con mucha información, sea intentar perpetuar esas fallas con tal aumentar sus ganancias. ¡Qué paradoja!

Por: Miguel Vargas.

Fuente: ciper.cl

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